Delitos electorales: citaron otra vez a indagatoria a una ex funcionaria provincial y un puntero del PJ
El fiscal pidió que Silvia Quevedo, ya procesada, vuelva a declarar en la denuncia contra el rodriguezaísmo por maniobras de fraude en Nogolí.
La causa por votos marcados de Adolfo y Alberto Rodríguez Saá para controlar a inscriptos de planes sociales en 2017, registró otro movimiento.
El juez Federal, Juan Maqueda, tras la solicitud del fiscal Cristian Rachid, citó nuevamente a indagatoria a la ex directora del Hospital de Nogolí porque apareció otro elector que fue sometido a prácticas ilegales.
Como ningún otro funcionario, Silvia Quevedo siente desde hace casi dos años sobre sus hombros el peso de la Justicia Federal. En el primer llamado en noviembre de 2018 se abstuvo y fue procesada por compeler a ciudadanos a votar, delito que contempla una pena de hasta 3 años de prisión y la inhabilitación para ejercer derechos políticos por un lapso de 10 años.
Mañana deberá comparecer ante el tribunal. Será interrogada porque se detectó que otro elector fue presionado y coaccionado.
El puntero del Frente Unidad Justicialista, Nicando Hilario Amieva, que por razones de salud no atendió la citación formulada el año pasado, también tiene que presentarse este lunes.
Semanas atrás el fiscal Federal, Cristian Rachid había pedido una serie de medidas en torno a la investigación que involucra a ex funcionarios del Gobierno de Rodríguez Saá y punteros del PJ.
Rachid pidió que también sean citadas la actual intendenta de la localidad, Claudia Pinelli, por compeler a cuatros electores, y a Nancy Escudero por uno, pero el magistrado rechazó la requisitoria.
A la jefa comunal e integrante de la cúpula de Es Posible, partido también creado por Aberto Rodríguez Saá, se le dictó la falta de mérito.
Ante esto, la fiscalía volvió a apelar todas las disposiciones de Maqueda y debe resolver la Cámara.
Según fuentes judiciales consultadas por elchorrillero.com, de todas las imputaciones realizadas la única que fue acogida totalmente fue la de Quevedo, ya que la de Escudero solo se tomó de manera parcial y la de Pinelli fue denegada.
La acusación describe que el objetivo de la maniobra era asegurarse que inscriptos de los planes voten a favor de la lista de candidatos a senadores nacionales integrada por Adolfo y Alberto Rodríguez Saá.
La denuncia fue promovida el 21 de octubre de 2017 por los apoderados del Frente que llevaba a Claudio Poggi como candidato a senador Nacional.
En el recuento aparecieron 65 boletas marcadas.
Pinelli, además de candidata a intendente era la interventora del Municipio y Quevedo estaba al frente del hospital local. Ambas eran funcionarias del Gobierno provincial y el día de la elección actuaron como fiscal general y fiscal de la escuela.
Escudero y Amieva fueron fiscales de mesa y distribuyeron las boletas marcadas con un código conformado con una letra y un número. Ambos corroboraron en el recuento que esas boletas estuvieran en las urnas.
La letra “P” significaba Plan de Inclusión Social, la “M” a merenderos, “PB” a Pañuelos Blancos y la “H” a Hospital. Junto a esto se encontraban las cifras con las que identificaban a los sufragantes.
En el caso de no votar como pretendían se le quitaba o no se le entregaba el beneficio social.